Barcelona, 28 Diciembre 1.998

Vocalia del equipo jurídico de Amnistía Internacional Catalunya a

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias

Mediante la presente queremos hacer constar los siguientes hechos:

PRIMERO.- Que hace unos meses se presentó en las dependencias de Amnistía Internacional Catalunya informe elaborado por funcionarios de prisiones en los cuales se recogía información sobre el comportamiento de otros funcionarios de prisiones, en concreto por parte de algunos miembros adscritos al sindicato USO, de no estar aplicando las medidas establecidas legalmente tanto a través del Reglamento de Instituciones Penitenciarias, como por el simple hecho de que la Constitución Española en su articulo 25.2 establece el principio de la reeducación y reinserción social. No parece que algunos de los funcionarios estén por dicha labor.

SEGUNDO.- Esta vocalia jurídica lo que critica no es la ideología de ningún sindicato ya que no compete a Amnistía Internacional las diferentes líneas de actuación, pero sí que tenemos la obligación por el propio mandato de nuestra organización defender de forma total la aplicación de las normas establecidas en nuestro país y por la ratificación de Tratados Internacionales, de los que España forma parte, sobre la legislación de Derechos Humanos y su aplicación de forma estricta.

TERCERO.- De la información facilitada por dichos funcionarios de prisiones se desprende que desde hace años existe un comportamiento grave que comporta la violación de la normativa sobre Derechos Humanos.

Como Vd. ya sabe España ha salido por desgracia, en numerosos informes de Amnistía Internacional ya que algunos centros penitenciarios existen casos de malos tratos, que nosotros no definimos de sistemáticos, pero sí que ocurren.

Asimismo España aparece también en el informe anual que elabora la Comisión para la Tortura dependiente de Naciones Unidas por casos de malos tratos en los centros penitenciarios.

Que estos malos tratos sigan existiendo en nuestras prisiones debería ser suficiente para que esta Dirección General exigiera de sus funcionarios, los cuales están sometidos a la Ley de Función Pública de la Generalitat, un comportamiento dentro de los márgenes establecidos por dicha Dirección General y sobre todo por la aplicación de la constitución y los demás Tratados Internacionales.

Sin otro particular, esperando la aplicación de la legislación existente en materia de reinserción, reeducación y sobre todo que los presos tengan un trato digno sin ningún tipo de discriminación por ningún trabajador de prisiones, independientemente de su adscripción política, sea de aplicación efectiva.